sábado, 15 de enero de 2011

LA DEMOCRACIA, EL VELO Y LA TOLERANCIA


Hasta hace poco el conocimiento que teníamos del multiculturalismo se reducía a la oferta gastronómica. Muchos de nosotros somos multiculturalistas activos por la parte del estómago. Nos gusta comer hindú, chino, marroquí, griego, tai y amerindio. Como alrededor de una mesa bien provista la gente tiende a entenderse, podemos llegar a pensar que la democracia es también esa gran mesa donde se sirven sin tasa derechos, libertades y oportunidades. Pero resulta que hay códigos alimentarios distintos y también gentes que rechazan algunos de los platos morales y políticos de la democracia.
El multiculturalismo es una ideología ampliamente aceptada. Procede del elogio de la diferencia. Su fondo es que cada uno y cada grupo posee características propias que enriquecen al conjunto. Por lo mismo no cabe impedir ninguna de ellas. Como a la vez nuestra ontología actual es individualista, a este aceptar todo sólo le ponemos una condición: que nadie sea obligado a hacer algo que no desee. Pero si una práctica no compartida cuenta con el asentimiento de quien la realiza se supone que debemos darla por buena.
Una niña quiere ponerse velo para estar en su casa. A nadie se le ocurriría afeárselo. Lo privado es privado. Cada quien en su privacidad es monarca. También quiere usarlo para ir por la calle. Consecuencia: la ciudad presentará más variedad cosmopolita. Para ir a la escuela. Aparece el límite y se produce el problema.
Se supone que la educación prima; es un derecho constitucional. Y existe además un implícito: que se eduque la niña con pañoleta para que luego pueda quitársela si quiere. Lo segundo es, como poco, impredecible. Lo primero una incongruencia con otros principios igualmente respetables en nuestra convivencia. Si esa pañoleta es un signo religioso, está de más en un espacio público. Porque las religiones son incompatibles surgió la primera forma de la idea de tolerancia. Holanda en el siglo XVII consagró el principio de que "cada ciudadano debe ser libre de observar su religión y que nadie puede ser molestado o interrogado por causa de su culto". Esto es, el Estado se hacía superior a las religiones y las declaraba privadas. El Estado aseguraba que las haría convivir sin que entre ellas se agredieran; en espacios distintos, naturalmente. Impedía el fundamentalismo.
Porque no es fundamentalismo creer mucho y con gran vehemencia lo que uno crea, sino pensar que la religión es una verdad tan perfecta que debe organizar el mundo completo, incluida la política. Es más, que la religión es mejor, de más calidad que cualquier otro espacio común. El fundamentalismo quiere organizar toda vida y convivencia.
La democracia ha ido inventando y trazando una larga serie de normas y valores comunes que son obligados para mantener la eficiencia y el civismo. La educación, que es deber del Estado proporcionar y derecho de todo ciudadano y ciudadana adquirir, también es en los últimos tiempos una obligación: las familias pueden ser vigiladas por el Estado para que cumplan con ella, hasta el punto de que a quienes no escolarizaran a sus hijos, incluso se les podría quitar nada menos que la tutela de ellos. Ni algo tan fuerte como que mis hijos son mis hijos está fuera del alcance de esa instancia común y los poderes que le hemos dado.
Como el Estado no apoya a ninguna religión, sino que las protege a todas, en sus espacios, los públicos, incluidos los educativos, no debe haber signos religiosos. Nos parecería raro y hasta enfermo que un alumno insistiera en portar un crucifijo -de tamaño, pongamos, de una cabeza humana-, posarlo en su pupitre y procesionarlo durante los recreos. Puede hacer eso, si lo tiene por gusto, en privado, o en su templo. Los espacios definidos como públicos, en los que por ende se transmiten los valores que hacen posible la convivencia plural, no deben ser espacios de contienda. El Estado tiene, por deber de tolerancia, la obligación de mantenerlos libres de prácticas sectarias.
Pero si esa pañoleta es además una marca sobre la moral particular que deben seguir las mujeres, una marca a su vez privativa de unas creencias particulares, está fuera de cuestión darle legitimidad. La igualdad entre los sexos es principio constitucional de la mayor envergadura. No se tolerará la discriminación contra las mujeres. ¡Pero la niña quiere serlo! Su padre también acuerda. Y su comunidad de encuadre. Su religión y su cultura le marcan un papel porque es mujer, con el que ella y los suyos están de acuerdo. Ella es un ser con deberes especiales, la decencia sexual y la obediencia que significa de ese modo. Pues bien, podemos ir a comer la comida del vecino, pero difícilmente podemos creer, de vez en cuando, lo que cree el vecino; aquí no hay caso de alegría por la diferencia. Cuanto más que la libertad actual de las mujeres se ha construido al abolir tales marcas.
En fin, la libertad individual no es ni puede ser el fundamento para una conducta que se tuvo que abandonar a fin de construirla; en nuestro caso la libertad ha sido la consecuencia del rechazo de ese injusto y arcaico orden.


Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, es miembro del Consejo de Estado.

AMISTAD CÍVICA


Las sociedades para prosperar, según Aristóteles, necesitan leyes e instituciones justas, gobernantes prudentes y jueces honestos, pero también un ingrediente sin el que la vida pública no funciona con bien: la amistad cívica.

En España parece que si unos dicen "blanco" los otros han de decir "negro."
La amistad cívica no consiste en que los ciudadanos se vayan de tapas, porque éstas son cosas que se hacen con los amigos corrientes, con ésos a los que, según el diccionario, se tiene afecto personal desinteresado que se fortalece con el trato. La amistad cívica sería más bien la de los ciudadanos de un Estado que, por pertenecer a él, saben que han de perseguir metas comunes y por eso existe ya un vínculo que les une y les lleva a intentar alcanzar esos objetivos, siempre que se respeten las diferencias legítimas y no haya agravios comparativos.

Cuáles son esas metas comunes es fácil de aclarar. En el orden global, en que los Estados deberían estar comprometidos, erradicar el hambre y la pobreza extrema y los restantes Objetivos del Milenio son una orientación suficiente. En este sentido, es una buena noticia que España haya aumentado la ayuda al desarrollo, y no hay sino que progresar al máximo. En lo que se refiere al orden interno del Estado, bregar por la educación de calidad, la atención sanitaria eficiente y buena, el trabajo estable, y por hacer realidad que todos los ciudadanos puedan expresar sus ideas libremente, siempre que no atenten contra la libertad y la vida de otros, son metas suficientes para vincular a las personas en una tarea común.

Y, sin embargo, no parece que ese vínculo amistoso exista en nuestro país. Las últimas elecciones generales, endurecidas como pocas, han generado la sensación de una ciudadanía enfrentada en la solución de cada uno de los problemas comunes, como si para cada tema hubiera dos bandos: si unos dicen "blanco", los otros han de decir "negro". Las razones para cada posición parecen en principio irrelevantes, porque después ya vienen los "argumentadores" oficiales, que diseñan argumentarios para sostener hasta lo insostenible. Se divide entonces la ciudadanía en bandos, que parecen ser irreconciliables.

Cuando en realidad es mucho más lo que les une que lo que les separa. Cuando no se construye una vida pública justa desde la enemistad, porque entonces falta la argamasa que une los bloques de los edificios, falta la "mano intangible" de la amistad cívica. Junto a la mano visible del Estado y la presuntamente invisible del mercado, es necesaria la mano intangible de la amistad entre ciudadanos que se saben artesanos de una vida común.

Esto no significa abolir la diversidad y generar una sociedad de individuos homogéneos, porque existen diferencias de capacidades, de creencias religiosas, de sensibilidad política, de tendencia sexual, y tantas otras que componen una "ciudadanía compleja", y no la ciudadanía simple, sin atributos, sin carne ni sangre humanas, que no existe más que en las mentes totalitarias.

Los grupos que luchan por el reconocimiento de las diferencias son un factor de progreso y, si las sociedades quieren ser justas, han de articular esas diferencias, siempre que sean legítimas; una tarea de orfebrería, que no tiene éxito si no hay voluntad de respetarlas desde las distintas partes. Para eso se necesita la amistad cívica de quien no ve en el otro un enemigo a abatir, sino un igual con el que hay que resolver con justicia los problemas comunes.

Por desgracia, hay gentes que ganan creando discordia. Otras, anestesiadas, a las que importan los problemas sólo cuando les afectan -"ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde"-. Otras, cuyas pretensiones legítimas no se ven reconocidas, y éstas son las excluidas. Otras empeñadas en hacer creer que sus pretensiones son las más importantes y que nunca se les hace justicia. Son las que utilizan el victimismo como herramienta para convertir sus deseos en prioridades frente a las necesidades de otros. Es lo que ocurre en esos lugares con bonanza económica y social, donde no hay ninguna razón para reprimir a quienes no piensan igual, mucho menos para matar por la independencia. A la hora de reclamar el derecho a la diferencia hay que ponerlo en sus justos términos.

La amistad -decía Aristóte-les- es lo más necesario para la vida; sin amigos nadie querría vivir, aunque poseyera todos los demás bienes. Y parece -añadía- que es la amistad cívica la que mantiene unidas a las ciudades.

Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia.